Por: Juan Enrique Quiñónez Schwank
Para mis amigos y lectores extranjeros, una pequeña reseña de un mal grande que nos aflige a los guatemaltecos: la impunidad en Guatemala alcanza el 98%. Es decir, de cada 100 delitos que se comenten el país, sólo el 2% termina con algún tipo de condena.
Se han hecho diversos estudios sociológicos, políticos, antropológicos y psicológicos que demuestran que los altos índices de impunidad tienen un contexto histórico que se inicia desde los tiempos de la colonia, hace más de 500 años, pero que se afianza y consolida durante los 36 años de enfrentamiento armado interno que afectó al país. La proliferación de aparatos clandestinos para combatir a las fuerzas guerrilleras, a los y las intelectuales, a estudiantes, sindicalistas, catequistas y líderes campesinos son la semilla de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que hoy controlan la industria del secuestro, narcotráfico, sicariato, trata de personas, pornografía infantil, turismo sexual, etc., etc., etc., que hoy controlan al Estado y mantienen rehén al Estado de Derecho y, por sobre todo, a la seguridad y la justicia.
Ante esa difícil realidad, se vio la necesidad de solicitar el acompañamiento de Naciones Unidas para la creación de una comisión que ayudara a identificar no sólo quiénes integran esas redes de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, sino, fundamentalmente, cómo operan y cómo compran voluntades al más alto nivel. Y así nació la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, más conocida por sus siglas como CICIG.
La llegada de CICIG al país no fue fácil: la oposición lanzada desde las trincheras de la ultraderecha, del empresariado y de las industrias de la muerte no se hizo esperar: columnas en los medios de comunicación, programas radiales, programas televisivos fueron los foros utilizados por quienes se oponían a su instalación bajo el argumento poco convincente de que esa era una intervención extranjera y un atentado a la soberanía del país. La lucha de las organizaciones de derechos humanos, de funcionarios y funcionarias públicas probos y la conciencia colectiva que el crimen organizado se ha apoderado del Estado fueron la clave para romper la resistencia de los políticos y lograr que el acuerdo se firmara y fuera ratificado por el Congreso.
Esta reseña era importante, porque ahora suceden cosas en Guatemala que de verdad, podrían ser la trama de una película de acción, suspenso y misterio de éxito taquillero a nivel mundial. Y el caso que mejor ilustra eso es el caso de Rodrigo Rosemberg, el abogado que en su afán de suicidio, urdió una trama que casi se lleva arrastrando consigo lo poco que nos queda de institucionalidad democrática. Y hay tres elementos que quiero resaltar del caso Rosemberg que ilustra la importancia de la CICIG en Guatemala:
El primero de ellos es que, con su intervención en este caso, CICIG demostró que cuando hay voluntad política se puede luchar contra la impunidad y hacerlo sobre la base de la investigación penal adecuada y profesional. La manera como investigaron al grupo de sicarios contratados por el mismo Rosemberg para darle muerte, sus llamadas telefónicas, el recorrido por las calles y avenidas de la ciudad, la compra por un empleado del mismo Rosemberg de los dos celulares que servían para que la víctima y victimarios se comunicaran entre sí, y la forma como les fue pagado sus “servicios” constituye una prueba irrefutable que, lógicamente, no es aceptada por las fuerzas oscuras que quisieran ver a la CICIG fracasar.
El segundo elemento, y que a mí me parece un punto clave para entender cómo funcionan los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, fue el poder capturar a policías y ex miembros del ejército que formaron parte del grupo de sicarios. Allí comienza a entreverse como el poder corrompe y cómo estos grupos aprovechan la debilidad del Estado (heredada de décadas de políticas neo liberales) para enquistarse, crecer y enriquecerse lucrando con la muerte.
Pero tal vez el más importante de todos, es el haber descubierto que fueron dos empresarios, que conocían y frecuentaban a Rosemberg, los que facilitaron el contacto de éste con los sicarios y quienes pagaron luego de su asesinato. Lo trascendental de este hallazgo es que es la primera vez que se evidencia cómo el empresariado guatemalteco no sólo se ha beneficiado sino que ha utilizado, desde tiempos del enfrentamiento armado interno, a los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad. Y ese es otro de los eslabones de la impunidad que comienza a ser desenterrado.
El caso de los hermanos Valdés Paiz, hoy privados de libertad y enfrentando juicio, debe ser un caso que vaya más allá del asesinato de Rodrigo Rosemberg: debe ser un caso que permita ilustrar cómo el capital financia a estos grupos, ya sea proveyéndolos de insumos, ya sea contratándolos para que eliminen a sus enemigos en total desprecio del Estado de Derecho. Esperemos y demandemos que la fiscalía haga de este caso, un caso paradigmático que advierta a funcionarios y empresarios que sus días como ciudadanos por encima de la ley están llegando a su fin. Mantengámonos vigilantes, porque rescatar a Guatemala y revertir el Estado Fallido en que vivimos es tarea de todos y de todas.